El Tribunal de Cuentas condena a Ana Botella y 7 miembros de su equipo a pagar 25.700.000 euros. Considera que cometieron una negligencia grave, que vendieron 5.315 inmuebles de titularidad pública a fondos buitre por debajo del precio de mercado. Entre ellas, 1.860 viviendas de protección oficial. La Sentencia justifica su decisión argumentando que no se realizó una tasación fiable, que la compraventa se hizo sin publicidad. En perjuicio del interés público. Sostiene que se vendieron por 128,5 millones de euros. Un precio muy inferior al real, 22 millones y medio menos, según el fallo. Ahora el Ejecutivo de Manuela Carmena luchará por conseguir la nulidad. Mientras, los condenados ya han anunciado que recurrirán la decisión. Defienden que la Junta del Gobierno no intervino ni directa ni indirectamente en la operación. Y justifican que la Empresa Municipal de vivienda y suelo, con 700 empleados, se enfrentaba a una deuda de más de 600 millones de euros. Que no haber cumplido con la Ley de Sostenibilidad habría supuesto despidos. Será la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas quién resolverá este primer recurso. Está compuesta por dos magistrados conservadores y uno progresista. En el horizonte, otra operación similar. La venta de 3.000 viviendas bajo el mandato de Ignacio González en la Comunidad de Madrid. Está siendo investigada. Dos tribunales han considerado que la compraventa no está justificada, que no se indica la razón por la que esas viviendas dejan de ser necesarias, y recuerdan cumplen una función social. El Gobierno del PP lo justificó asegurando que necesitaba liquidez en plena crisis económica. Está previsto que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronuncie al respecto a finales del mes de enero.
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