Tienen una cara más dura que el hormigón armado.
El problema, evidentemente, es que el Gobierno Sánchez, con su peculiar política de vivienda, está dando lugar a que los okupas se crean que todo el monte es orégano.
La historia que abordó la tarde del 26 de abril de 2023 el programa 'Y ahora Sonsoles' (Antena 3) tenía como protagonista a un matrimonio, Adrián y María José, que trataron de colar como una injusticia lo que había venido siendo una usurpación de un piso en toda regla.
Y es que, tal y como introdujo la presentadora, Sonsoles Ónega, el Tribunal Supremo había rechazado el recurso que presentó una familia con menores a cargo y que okupó una vivienda pública contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que avaló el desahucio, pero una vez finalizado el estado de alarma.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal consideró que la ocupación ilegal de la familia impedía a la Administración que pueda dar la vivienda a otras personas que justifiquen una mayor necesidad.
Dentro de esa sentencia se podía leer un párrafo definitivo:
La okupación de la vivienda supone tomarse la justicia por sí mismos de manera directa y con desprecio a cuantos puedan estar en situación análoga o más desfavorable, tanto en razón de la presencia de menores o personas con minusvalías como por ausencia de ingresos que, aunque limitados, sí tienen los recurrentes.
La familia estaba integrada por un hombre con una pensión por incapacidad permanente de 1.179 euros mensuales, su pareja embarazada, que reconoce que ahora ha vuelto a trabajar, y un hijo menor de un año, diagnosticado de hemofilia.
Ambos okupas, insistimos, intentaron dar pena y colar el argumento de la nula empatía de las Administraciones y de la propia Justicia, algo que a Antonio Naranjo le chirrió desde el primer momento:
Lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo es que uno no se puede tomar la justicia por su mano sobre un patrimonio público que puede ser utilizado por personas más necesitadas que ustedes, eso es lo que dice la sentencia. Los jueces lo que han dicho es que hay personas que pueden estar más necesitadas que ustedes y que la ayuda que ustedes tienen igual no puede ser eterna. No les están desalojando de una vivienda que era suya, les están desalojando de una vivienda que podría ser de una persona más necesitada que ustedes. El Estado ha sido bastante generosa con ustedes.
El marido de María José, Adrián, trató de dar pena asegurando que se había recorrido todos los bancos de Lepe (Huelva) buscando ayuda y soluciones, pero Naranjo fue taxativo:
Usted tiene una pensión y su mujer puede trabajar. Y no quiero resultar insensible, pero es que esa vivienda puede ser para esa gente que no tiene ni una pensión de 1.100 euros ni la capacidad de trabajar. Sean ustedes comprensivos.
Sonsoles Ónega intentó ponerse en el lugar de los okupas, pero acabó por cortar la entrevista al ver que estos seguían con su cantinela.
El problema, evidentemente, es que el Gobierno Sánchez, con su peculiar política de vivienda, está dando lugar a que los okupas se crean que todo el monte es orégano.
La historia que abordó la tarde del 26 de abril de 2023 el programa 'Y ahora Sonsoles' (Antena 3) tenía como protagonista a un matrimonio, Adrián y María José, que trataron de colar como una injusticia lo que había venido siendo una usurpación de un piso en toda regla.
Y es que, tal y como introdujo la presentadora, Sonsoles Ónega, el Tribunal Supremo había rechazado el recurso que presentó una familia con menores a cargo y que okupó una vivienda pública contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que avaló el desahucio, pero una vez finalizado el estado de alarma.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal consideró que la ocupación ilegal de la familia impedía a la Administración que pueda dar la vivienda a otras personas que justifiquen una mayor necesidad.
Dentro de esa sentencia se podía leer un párrafo definitivo:
La okupación de la vivienda supone tomarse la justicia por sí mismos de manera directa y con desprecio a cuantos puedan estar en situación análoga o más desfavorable, tanto en razón de la presencia de menores o personas con minusvalías como por ausencia de ingresos que, aunque limitados, sí tienen los recurrentes.
La familia estaba integrada por un hombre con una pensión por incapacidad permanente de 1.179 euros mensuales, su pareja embarazada, que reconoce que ahora ha vuelto a trabajar, y un hijo menor de un año, diagnosticado de hemofilia.
Ambos okupas, insistimos, intentaron dar pena y colar el argumento de la nula empatía de las Administraciones y de la propia Justicia, algo que a Antonio Naranjo le chirrió desde el primer momento:
Lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo es que uno no se puede tomar la justicia por su mano sobre un patrimonio público que puede ser utilizado por personas más necesitadas que ustedes, eso es lo que dice la sentencia. Los jueces lo que han dicho es que hay personas que pueden estar más necesitadas que ustedes y que la ayuda que ustedes tienen igual no puede ser eterna. No les están desalojando de una vivienda que era suya, les están desalojando de una vivienda que podría ser de una persona más necesitada que ustedes. El Estado ha sido bastante generosa con ustedes.
El marido de María José, Adrián, trató de dar pena asegurando que se había recorrido todos los bancos de Lepe (Huelva) buscando ayuda y soluciones, pero Naranjo fue taxativo:
Usted tiene una pensión y su mujer puede trabajar. Y no quiero resultar insensible, pero es que esa vivienda puede ser para esa gente que no tiene ni una pensión de 1.100 euros ni la capacidad de trabajar. Sean ustedes comprensivos.
Sonsoles Ónega intentó ponerse en el lugar de los okupas, pero acabó por cortar la entrevista al ver que estos seguían con su cantinela.
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