Hoy nos toca, otra vez, mirarnos el ombligo.
La pasada semana, Miriam Nogueras, portavoz del golpismo catalán, marcó para la hoguera a unos cuantos jueces y periodistas. Encaramada a la tribuna del Congreso y con nombres y apellidos.
Los magistrados han reaccionado con indignación contra las acusaciones de lawfare y desde diversas instancias, que van del Tribunal Supremo al Consejo General, pasando por asociaciones como la Francisco de Vitoria, denuncian el ‘ataque’, lo califican de ‘inadmisible’ y advierten de su ‘gravedad’.
La Prensa, los Medios de Comunicación, los periodistas, ni han resoplado. Alguno de los aludidos por la facinerosa, ha dicho que ‘se la sopla’ y la paniaguada APM ha publicado un tibio comunicado, pero nada más.
En España, el periodismo oficial hace tiempo que opera como los sindicatos comegambas: sólo se activa contra la derecha.
El silencio cómplice con el poder de la inmensa mayoría de los periodistas se ha convertido en una rutina.
Callaron cuando algunos portavoces de la Coalición Frankenstein, como Rufián o Baldoví, se negaron a responder a medios como Periodista Digital porque los consideraban de derechas. Ahora, incluyendo a los representantes de ABC, El Mundo o La Razón, han dado un paso más y abandonan la sala de prensa del Congreso de los Diputados, agarrados de la mano de sus colegas de Cadena SER, LaSexta y TVE, cuando un reportero no adicto al régimen osa plantear una pregunta incómoda a un socio de Sánchez.
Callaron y siguen callando cuando desde La Moncloa lanzan campañas contra profesionales disidentes y se tragan como pavos las ruedas de prensa sin preguntas y el manoseo más infame.
No voy a criticar aquí el sesgo izquierdista de los principales medios o su colusión con el sanchismo. Tampoco la tendencia a ocultar las pifias y tropelías de la izquierda.
Pero si quiero dedicar unos segundos a la aberración que supone el que la Asociación de Periodistas Parlamentarios haya nominado como candidata al Premio ‘Mejor Relación con la Prensa’ a la portavoz de Bildu Mertxe Aizpurúa.
Es decir, que este 20 de diciembre de 2023, en el Hotel Palace de Madrid y con financiación de la Caixa, los periodistas pueden galardonar a la tipa que diseñó la portada del diario ‘Egin’, brazo propagandístico de la banda terrorista ETA, cuando titularon ‘Ortega vuelve a la cárcel’, al día siguiente ser liberado José Antonio Ortega Lara tras 532 días de espantoso secuestro.
Pueden honorar a una sujeta que fue condenada por apología del terrorismo y a la que se prohibió trabajar durante un año, bajo la sospecha de que usaba el pasquín etarra, para señalar ‘objetivos’, incluidos periodistas como el asesinado José Luis López de Lacalle.
Analiza uno con detalle este desvarío y no cabe ni la excusa de que la APP está regentada por proetarras, secesionistas, chavistas y rojos de mierda.
No, señores no. Tiene como presidenta a la veterana y siempre suave Anabel Díez, de ‘El País’. Como vicepresidenta a Sandra Gallardo, de Radio Nacional.
La pasada semana, Miriam Nogueras, portavoz del golpismo catalán, marcó para la hoguera a unos cuantos jueces y periodistas. Encaramada a la tribuna del Congreso y con nombres y apellidos.
Los magistrados han reaccionado con indignación contra las acusaciones de lawfare y desde diversas instancias, que van del Tribunal Supremo al Consejo General, pasando por asociaciones como la Francisco de Vitoria, denuncian el ‘ataque’, lo califican de ‘inadmisible’ y advierten de su ‘gravedad’.
La Prensa, los Medios de Comunicación, los periodistas, ni han resoplado. Alguno de los aludidos por la facinerosa, ha dicho que ‘se la sopla’ y la paniaguada APM ha publicado un tibio comunicado, pero nada más.
En España, el periodismo oficial hace tiempo que opera como los sindicatos comegambas: sólo se activa contra la derecha.
El silencio cómplice con el poder de la inmensa mayoría de los periodistas se ha convertido en una rutina.
Callaron cuando algunos portavoces de la Coalición Frankenstein, como Rufián o Baldoví, se negaron a responder a medios como Periodista Digital porque los consideraban de derechas. Ahora, incluyendo a los representantes de ABC, El Mundo o La Razón, han dado un paso más y abandonan la sala de prensa del Congreso de los Diputados, agarrados de la mano de sus colegas de Cadena SER, LaSexta y TVE, cuando un reportero no adicto al régimen osa plantear una pregunta incómoda a un socio de Sánchez.
Callaron y siguen callando cuando desde La Moncloa lanzan campañas contra profesionales disidentes y se tragan como pavos las ruedas de prensa sin preguntas y el manoseo más infame.
No voy a criticar aquí el sesgo izquierdista de los principales medios o su colusión con el sanchismo. Tampoco la tendencia a ocultar las pifias y tropelías de la izquierda.
Pero si quiero dedicar unos segundos a la aberración que supone el que la Asociación de Periodistas Parlamentarios haya nominado como candidata al Premio ‘Mejor Relación con la Prensa’ a la portavoz de Bildu Mertxe Aizpurúa.
Es decir, que este 20 de diciembre de 2023, en el Hotel Palace de Madrid y con financiación de la Caixa, los periodistas pueden galardonar a la tipa que diseñó la portada del diario ‘Egin’, brazo propagandístico de la banda terrorista ETA, cuando titularon ‘Ortega vuelve a la cárcel’, al día siguiente ser liberado José Antonio Ortega Lara tras 532 días de espantoso secuestro.
Pueden honorar a una sujeta que fue condenada por apología del terrorismo y a la que se prohibió trabajar durante un año, bajo la sospecha de que usaba el pasquín etarra, para señalar ‘objetivos’, incluidos periodistas como el asesinado José Luis López de Lacalle.
Analiza uno con detalle este desvarío y no cabe ni la excusa de que la APP está regentada por proetarras, secesionistas, chavistas y rojos de mierda.
No, señores no. Tiene como presidenta a la veterana y siempre suave Anabel Díez, de ‘El País’. Como vicepresidenta a Sandra Gallardo, de Radio Nacional.
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