Siempre he sostenido que el artículo 20 de la Constitución Española, que consagra el derecho a la información y la libertad de prensa como pilares fundamentales de la democracia, no es patrimonio de los periodistas.
Es un bien jurídico de la ciudadanía, del que nosotros somos meros portadores.
La gente tiene derecho a saber qué hacen nuestros políticos, en qué se gastan nuestros impuestos, por qué toman unas decisiones y no otras e incluso como viven o disfrutan o roban en sus cargos.
Por eso preguntamos y cuando nos niegan en rueda de prensa la palabra -que es lo habitual-, les perseguimos como perros de prensa en la calle.
Y por eso vamos a los sitios y asumimos los riesgos que conlleva.
Supongo que todos ustedes han visto ya las imágenes de nuestro reportero Bertrand Ndongo, hostigado, golpeado y amenazado de muerte por la turba, que protestaba contra el popular Mazón el pasado el pasado 9 de noviembre.
Me refiero a los facinerosos que destrozaron la puerta del Ayuntamiento de Valencia, hirieron a 31 policías y expulsaron de la manifestación a quienes señalaban a Sánchez como culpable de la tragedia en Levante.
Consciente de que en la dirección de la Asociación de la Prensa hay elementos que firman manifiestos a favor de la censura previa e instando al Gobierno Frankenstein a asaltar el Poder Judicial, escribí hace cuatro días una carta a la APM, solicitando que se pronunciase sobre las agresiones a Ndongo, como han hecho tantas veces en circunstancias mucho menos graves.
No les puse el ejemplo de la sede-puticlub del PSOE en Ferraz, cuando bastaron insultos a los reporteros de LaSexta para que salieran en su amparo, pero si les recordaba que que la APM y la FAPE apoyaron al limón en a los redactores de diario.es y a Esther Palomera, condenando a Miguel Angel Rodriguez, por remitirles un WhatsApp en el que les decía: “Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”.
Y les adjuntaba varios vídeos de Ndongo, incluido el fragmento en que una mujer incita a la masa a matarlo; otro en el que se ve a los guardaespaldas del PSOE arrojar por una escalera a Josué Cárdenas a la entrada de un mitin de Sánchez.
La educada respuesta de Maria Rey, presentadora del magazín ‘120 minutos’ en Telemadrid y desde hace dos años presidenta de la APM es para enmarcar.
Leo: “Estimado Alfonso: Como sabes la APM ampara y amparará siempre el trabajo de los periodistas acreditados y que actúen como tales, cumpliendo con su deber de informar con ética y rigor de la actualidad y respetando el código deontológico de FAPE. El caso que nos expones no ha lugar pues no cumple lo anteriormente expuesto”.
No atónito, porque no hay estulticia o indecencia que me sorprenda ya en esta apesebrada profesión, he vuelto a escribir solicitando a María Rey ser un poco más especifica.
No creo que me conteste, pero le pido que me aclare qué es lo que no hace periodistas a Bertrand a Josue, que no sólo ejercen como tales, están acreditados hasta en el Congreso de los Diputados,
Es un bien jurídico de la ciudadanía, del que nosotros somos meros portadores.
La gente tiene derecho a saber qué hacen nuestros políticos, en qué se gastan nuestros impuestos, por qué toman unas decisiones y no otras e incluso como viven o disfrutan o roban en sus cargos.
Por eso preguntamos y cuando nos niegan en rueda de prensa la palabra -que es lo habitual-, les perseguimos como perros de prensa en la calle.
Y por eso vamos a los sitios y asumimos los riesgos que conlleva.
Supongo que todos ustedes han visto ya las imágenes de nuestro reportero Bertrand Ndongo, hostigado, golpeado y amenazado de muerte por la turba, que protestaba contra el popular Mazón el pasado el pasado 9 de noviembre.
Me refiero a los facinerosos que destrozaron la puerta del Ayuntamiento de Valencia, hirieron a 31 policías y expulsaron de la manifestación a quienes señalaban a Sánchez como culpable de la tragedia en Levante.
Consciente de que en la dirección de la Asociación de la Prensa hay elementos que firman manifiestos a favor de la censura previa e instando al Gobierno Frankenstein a asaltar el Poder Judicial, escribí hace cuatro días una carta a la APM, solicitando que se pronunciase sobre las agresiones a Ndongo, como han hecho tantas veces en circunstancias mucho menos graves.
No les puse el ejemplo de la sede-puticlub del PSOE en Ferraz, cuando bastaron insultos a los reporteros de LaSexta para que salieran en su amparo, pero si les recordaba que que la APM y la FAPE apoyaron al limón en a los redactores de diario.es y a Esther Palomera, condenando a Miguel Angel Rodriguez, por remitirles un WhatsApp en el que les decía: “Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”.
Y les adjuntaba varios vídeos de Ndongo, incluido el fragmento en que una mujer incita a la masa a matarlo; otro en el que se ve a los guardaespaldas del PSOE arrojar por una escalera a Josué Cárdenas a la entrada de un mitin de Sánchez.
La educada respuesta de Maria Rey, presentadora del magazín ‘120 minutos’ en Telemadrid y desde hace dos años presidenta de la APM es para enmarcar.
Leo: “Estimado Alfonso: Como sabes la APM ampara y amparará siempre el trabajo de los periodistas acreditados y que actúen como tales, cumpliendo con su deber de informar con ética y rigor de la actualidad y respetando el código deontológico de FAPE. El caso que nos expones no ha lugar pues no cumple lo anteriormente expuesto”.
No atónito, porque no hay estulticia o indecencia que me sorprenda ya en esta apesebrada profesión, he vuelto a escribir solicitando a María Rey ser un poco más especifica.
No creo que me conteste, pero le pido que me aclare qué es lo que no hace periodistas a Bertrand a Josue, que no sólo ejercen como tales, están acreditados hasta en el Congreso de los Diputados,
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