El gobierno califica de una traición y boicot de parte de los 92 asambleístas que rechazaron la ley de reformulado del PGE. Desde la oposición piden reconsiderar el proyecto de ley sin las disposiciones adicionales. Mientras tanto, municipios exigen la aprobación urgente y se sienten perjudicados por la falta de asignación presupuestaria.
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