Merece la pena el vídeo, aunque la mascarilla apenas deja atisbar los gestos de María Jesús Montero, la salerosa ministra de Hacienda de Pedro Sánchez.
Sin subir el tono, con calma, casi con parsimonia, el diputado nacional de VOX por Barcelona Juan Carlos Segura, le empieza a endiñar zascas y no cesa hasta que la socialista parece sonada.
Aunque nuestra vida política está adornada por una variedad de actos desvergonzados, cuando no delictuosos, la ministra Montero, que llegó al Gobierno de España después de pifiarla a fondo en el de Andalucía en los tiempos opulentos de los EREs, bate el récords de cara dura.
Aunque los principales responsables de la mangancia con fondos europeos están ya condenados, no hay nadie en prisión y el PSOE actúa en el asunto como si le fuera completamente ajeno.
Para quien no lo tenga muy reciente, solo recordar que la sentencia emitida en noviembre de 2019 por la Audiencia sevillana, cifró en 680 millones de euros el dinero desviado a la trama ilegal.
El fallo subrayaba que José Antonio Griñán y Manuel Chaves, ambos expresidente de la Junta y del PSOE, tenían "palmario conocimiento" de cómo sus subordinados de la Consejería de Trabajo diseñaron un mecanismo con el que ocultar el desfalco a los interventores para repartir el dinero entre quienes ellos arbitrariamente quisieran.
Esta magnitud no tiene parangón con la de ningún otro caso de corrupción política destapado en España.
Según resumía la sentencia, el desvío iba desde los 6.977.751 euros del año 2000, en el que se estableció el sistema fraudulento, hasta un récord de 94.744.185,09 euros de 2008.
El promedio anual de dinero distraído de los controles fue de 66 millones hasta acumular un total de 679.432.179,09 euros.
Una parte de los condenados, como es el caso de Manuel Chaves, lo fue a sólo penas de inhabilitación por un delito de prevaricación; mientras que otro grupo, en el que figura José Antonio Griñán, lo ha sido a penas de inhabilitación y cárcel por malversación y prevaricación, pero ni un sólo pez gordo del PSOE ha pisado la cárcel.
Sin subir el tono, con calma, casi con parsimonia, el diputado nacional de VOX por Barcelona Juan Carlos Segura, le empieza a endiñar zascas y no cesa hasta que la socialista parece sonada.
Aunque nuestra vida política está adornada por una variedad de actos desvergonzados, cuando no delictuosos, la ministra Montero, que llegó al Gobierno de España después de pifiarla a fondo en el de Andalucía en los tiempos opulentos de los EREs, bate el récords de cara dura.
Aunque los principales responsables de la mangancia con fondos europeos están ya condenados, no hay nadie en prisión y el PSOE actúa en el asunto como si le fuera completamente ajeno.
Para quien no lo tenga muy reciente, solo recordar que la sentencia emitida en noviembre de 2019 por la Audiencia sevillana, cifró en 680 millones de euros el dinero desviado a la trama ilegal.
El fallo subrayaba que José Antonio Griñán y Manuel Chaves, ambos expresidente de la Junta y del PSOE, tenían "palmario conocimiento" de cómo sus subordinados de la Consejería de Trabajo diseñaron un mecanismo con el que ocultar el desfalco a los interventores para repartir el dinero entre quienes ellos arbitrariamente quisieran.
Esta magnitud no tiene parangón con la de ningún otro caso de corrupción política destapado en España.
Según resumía la sentencia, el desvío iba desde los 6.977.751 euros del año 2000, en el que se estableció el sistema fraudulento, hasta un récord de 94.744.185,09 euros de 2008.
El promedio anual de dinero distraído de los controles fue de 66 millones hasta acumular un total de 679.432.179,09 euros.
Una parte de los condenados, como es el caso de Manuel Chaves, lo fue a sólo penas de inhabilitación por un delito de prevaricación; mientras que otro grupo, en el que figura José Antonio Griñán, lo ha sido a penas de inhabilitación y cárcel por malversación y prevaricación, pero ni un sólo pez gordo del PSOE ha pisado la cárcel.
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