Lo primero y antes de meternos en harina, subrayar que García Ortíz, Fiscal General del Estado, es más culpable que Judas.
Y que se enfrenta a cuatro años de prisión.
El juez aún tiene que practicar diligencias, pero las acusaciones populares, entre las que tenemos algunos amigos, ven a Don Alvarone en el banquillo.
Y alguno sugiere que después irá el marido de Begoña.
No hay que ser un lince para encontrar al burdo instigador de la guerra sucia contra Ayuso: basta mirar quién nombró a dedo a García Ortiz y quién le ha dado instrucciones de que mienta como un descosido.
Un maleante de poca monta, acusado de robar en un supermercado, no se comportaría de manera muy diferente a la del sicario de Sánchez.
El drama, la vergüenza, la indignidad es que este paisano con voz de flauta esta al frente del órgano encargado de velar en España por el principio de legalidad.
La imagen de un fiscal general del Estado negándose a responder a un juez del máximo tribunal del país es demoledora y la prueba del nivel de degradación institucional alcanzado con Sánchez en La Moncloa.
El sanchismo, como concepto, es la ausencia de principios, el pasteleo y la mangancia.
Ya no sólo es que el fiscal general del Estado se pusiera sumiso al servicio del Gobierno Frankenstein, para intentar erosionar a Ayuso.
Es que lo hizo delinquiendo, saltándose la ley.
Y ahora, cuando lo hemos pillado y sabemos que eliminó como un poseso mensajes para borrar huellas del delito y cambió de móvil para despistar a la Guardia Civil, opta por la táctica del forajido: se niega a contestar a las preguntas y acusa al magistrado de tenerle manía.
En una democracia decente, en cualquier país de nuestro entorno, este facineroso habría sido ya destituido sin contemplaciones.
Quienes ocupan cargos públicos no se deben solo al Código Penal ni su futuro está únicamente vinculado al desenlace de un pleito.
Da igual que García Ortiz no sea todavía culpable oficialmente y es irrelevante que si al final, por una carambola procesal y a pesar de todas las evidencias en su contra, se va de rositas.
El esbirro de Sánchez reclamó el dossier de un ciudadano español investigado por Hacienda, pidió que se lo enviaran a una dirección de correo ajena a su cargo, remitió copia de todo a La Moncloa y a medios de comunicación afines al régimen, destruyó mensajes comprometedores y cambió de teléfono en plena investigación.
No para perseguir un delito o desmontar un bulo, sino para hacer daño a Ayuso, lo mismo que su jefe, su amo, el que lo mueve como una marioneta, lleva años intentando sin éxito.
Y por todo eso, debe ir a la cárcel y Dios mediante, compartir celda con el
Y que se enfrenta a cuatro años de prisión.
El juez aún tiene que practicar diligencias, pero las acusaciones populares, entre las que tenemos algunos amigos, ven a Don Alvarone en el banquillo.
Y alguno sugiere que después irá el marido de Begoña.
No hay que ser un lince para encontrar al burdo instigador de la guerra sucia contra Ayuso: basta mirar quién nombró a dedo a García Ortiz y quién le ha dado instrucciones de que mienta como un descosido.
Un maleante de poca monta, acusado de robar en un supermercado, no se comportaría de manera muy diferente a la del sicario de Sánchez.
El drama, la vergüenza, la indignidad es que este paisano con voz de flauta esta al frente del órgano encargado de velar en España por el principio de legalidad.
La imagen de un fiscal general del Estado negándose a responder a un juez del máximo tribunal del país es demoledora y la prueba del nivel de degradación institucional alcanzado con Sánchez en La Moncloa.
El sanchismo, como concepto, es la ausencia de principios, el pasteleo y la mangancia.
Ya no sólo es que el fiscal general del Estado se pusiera sumiso al servicio del Gobierno Frankenstein, para intentar erosionar a Ayuso.
Es que lo hizo delinquiendo, saltándose la ley.
Y ahora, cuando lo hemos pillado y sabemos que eliminó como un poseso mensajes para borrar huellas del delito y cambió de móvil para despistar a la Guardia Civil, opta por la táctica del forajido: se niega a contestar a las preguntas y acusa al magistrado de tenerle manía.
En una democracia decente, en cualquier país de nuestro entorno, este facineroso habría sido ya destituido sin contemplaciones.
Quienes ocupan cargos públicos no se deben solo al Código Penal ni su futuro está únicamente vinculado al desenlace de un pleito.
Da igual que García Ortiz no sea todavía culpable oficialmente y es irrelevante que si al final, por una carambola procesal y a pesar de todas las evidencias en su contra, se va de rositas.
El esbirro de Sánchez reclamó el dossier de un ciudadano español investigado por Hacienda, pidió que se lo enviaran a una dirección de correo ajena a su cargo, remitió copia de todo a La Moncloa y a medios de comunicación afines al régimen, destruyó mensajes comprometedores y cambió de teléfono en plena investigación.
No para perseguir un delito o desmontar un bulo, sino para hacer daño a Ayuso, lo mismo que su jefe, su amo, el que lo mueve como una marioneta, lleva años intentando sin éxito.
Y por todo eso, debe ir a la cárcel y Dios mediante, compartir celda con el
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