Eduardo Belliboni reconoció que "puede haber algún caso" de quienes extorsionan a beneficiarios de planes sociales
- hace 7 días
El referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni acusó al gobierno nacional de emprender una “persecución política” en contra suya y de los movimientos sociales, y negó estar vinculado a las supuestas denuncias de “extorsión” por las cuales las fuerzas de seguridad allanaron los comedores comunitarios de la organización que él encabeza.
“Tengo la conciencia limpia, vivo en Burzaco hace 50 años. A mí no me llamaron porque saben que no soy un delincuente”, puntualizó el dirigente y adelantó que tanto él como su fuerza política se presentarán ante la Justicia para esclarecer la veracidad de las acusaciones.
Belliboni es uno de los dirigentes de izquierda a los que el gobierno de Javier Milei puso en la mira a partir del dispositivo telefónico creado por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich para que personas de cualquier índole denuncien si son obligadas a movilizarse a cambio de un plan social o ayuda alimentaria.
La recolección de varios llamados a la línea 134 apuntaron contra el Polo Obrero y por esto el fiscal Gerardo Pollicita ordenó una serie de 27 allanamientos a comedores populares, entre los cuales se incluyó a varios de esa organización social.
El dirigente acusado negó tener vínculo con esas acusaciones pero consideró que “probablemente exista una persona denunciada” por coaccionar a militantes y aseguró que, si eso se comprueba, se la va a “echar de la organización”.
“Tengo la conciencia limpia, vivo en Burzaco hace 50 años. A mí no me llamaron porque saben que no soy un delincuente”, puntualizó el dirigente y adelantó que tanto él como su fuerza política se presentarán ante la Justicia para esclarecer la veracidad de las acusaciones.
Belliboni es uno de los dirigentes de izquierda a los que el gobierno de Javier Milei puso en la mira a partir del dispositivo telefónico creado por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich para que personas de cualquier índole denuncien si son obligadas a movilizarse a cambio de un plan social o ayuda alimentaria.
La recolección de varios llamados a la línea 134 apuntaron contra el Polo Obrero y por esto el fiscal Gerardo Pollicita ordenó una serie de 27 allanamientos a comedores populares, entre los cuales se incluyó a varios de esa organización social.
El dirigente acusado negó tener vínculo con esas acusaciones pero consideró que “probablemente exista una persona denunciada” por coaccionar a militantes y aseguró que, si eso se comprueba, se la va a “echar de la organización”.