Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, mencionó que, en los últimos años, la falta de control estatal, la superpoblación y las condiciones deficientes facilitaron la violencia intramuros, "permitiendo que las pandillas cometan crímenes atroces que suman más de 600 víctimas mortales". Para Goebertus, la respuesta estatal ante la crisis fue "inadecuada y tardía".
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NoticiasTranscripción
00:00Muchísimas gracias, buenas tardes, comisionadas, comisionados, representantes del Estado,
00:06familiares de las víctimas de las masacres carcelarias, público que acompaña esta audiencia,
00:11soy Juanita Goubertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
00:16Comparezco en esta ocasión junto con mis colegas para describir la situación de derechos humanos
00:21en el sistema penitenciario de Ecuador que ha costado la vida a centenares de personas privadas
00:26de la libertad y ha afectado de forma irreparable a sus familiares. En los últimos años, la falta
00:34de control estatal, la sobrepoblación y las condiciones deficientes de infraestructura,
00:39alimentación, tratamiento médico y psicológico han facilitado la violencia carcelaria permitiendo
00:45que las pandillas cometan crímenes atroces que a hoy suman más de 600 víctimas mortales.
00:52La respuesta estatal ante esta severa crisis ha sido inadecuada y tardía. Las autoridades no han
00:59respondido de forma oportuna, ni preventiva, ni eficaz a la urgencia de frenar estos asesinatos.
01:05Tampoco han asistido ni reparado a los familiares de las víctimas, ni identificado ni sancionado a
01:11los responsables. Esta falta de control se ha agravado por la insuficiencia de guías penitenciarios
01:17y la ausencia de una formación adecuada, sumado a la inexistencia de estadísticas actualizadas
01:22sobre la población interna y la ejecución penal. La construcción de las llamadas megacárceles resultó
01:29en instalaciones ingobernables que, junto con la disolución del Ministerio de Justicia y Derechos
01:34Humanos en 2018, ha impedido la implementación nacional de políticas integrales. La sobrepoblación
01:41tiene como causas principales el abuso de la privación de prisión preventiva, los retrasos
01:47en la concesión de beneficios penitenciarios establecidos por la ley y el incremento de
01:52condenas por delitos de baja gravedad relacionados con drogas, entre otros delitos. Los detenidos
01:59viven en condiciones deficientes, la satisfacción de necesidades básicas como alimentación, agua
02:05potable y atención médica es limitada. Esta situación ha permitido a las organizaciones
02:11delictivas extorsionar a los familiares de las personas privadas de la libertad a cambio de
02:16acceso a necesidades básicas y protección. Tampoco existen programas que garanticen la
02:21rehabilitación de los internos. A partir del mes de enero de este año, las preocupaciones respecto
02:26del sistema carcelario se han centrado en su militarización. Las cárceles del Ecuador pasaron
02:32de un control violento y extorsivo por parte de grupos criminales a estar en buena medida
02:36controladas por miembros de las Fuerzas Armadas, quienes han cometido graves abusos sin que las
02:41condiciones estructurales que describí anteriormente hayan cambiado. El 8 de enero,
02:47tras una escalada nacional de violencia, el presidente Daniel Novoa decretó un estado
02:51de excepción que ordenó la militarización de las cárceles. Al día siguiente declaró la existencia
02:57de un conflicto armado interno contra 22 grupos de crimen organizado a los que calificó de
03:01terroristas. Hasta la fecha, como lo ha señalado en reiteradas ocasiones la Corte de Constitucionalidad
03:07del Ecuador, el gobierno no ha presentado pruebas suficientes de que los enfrentamientos alcancen
03:12el grado de ergonización y intensidad de las hostilidades que justifican la existencia de
03:19un conflicto armado de carácter no internacional. La decisión de transferir el control de las
03:24cárceles a cuerpos militares que carecen de formación para su administración y control
03:28ha generado violaciones de derechos humanos por sus miembros. Los soldados han protagonizado
03:33repetidos casos de abusos. Videos verificados por Human Rights Watch han mostrado a detenidos
03:38siendo arrastrados por el pelo, golpeados con palos y rociados con gases lacrimógenos. También
03:44ha habido reportes de descargas eléctricas, violencia sexual y muertes a manos de servidores
03:49públicos. Adicionalmente, los militares han mantenido a la población interna mayormente
03:54incomunicada, sin acceso a visitas de sus familiares y con restricciones al contacto
03:59con sus abogados, afectando su derecho a la defensa.