De momento sólo se ha registrado una proposición de ley para regular el estatuto de los expresidentes de la Comunidad de Madrid pero ha sido suficiente para desatar la polémica. El paso dado por el PP de Madrid el pasado 13 de noviembre ha sido traducido desde la oposición como un plan de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para asegurarse una paga vitalicia de 8.500 euros mensuales cuando deje el cargo. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
El texto presentado por los populares y publicado en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid propone la modificación de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid "para introducir un apartado 2 en el artículo 20 con el fin principal de habilitar al Consejo de Gobierno para regular el estatuto de los expresidentes de la Comunidad de Madrid" ya que, argumentan, "es una de las pocas Comunidades Autónomas que no tiene una regulación de la figura de sus expresidentes" que establezca un régimen aplicable "a aquellas personas que en su día ejercieron la representación del Estado en la Comunidad Autónoma y que tienen mucho que aportar una vez que han dejado de ser Presidentes".
El texto presentado por los populares y publicado en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid propone la modificación de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid "para introducir un apartado 2 en el artículo 20 con el fin principal de habilitar al Consejo de Gobierno para regular el estatuto de los expresidentes de la Comunidad de Madrid" ya que, argumentan, "es una de las pocas Comunidades Autónomas que no tiene una regulación de la figura de sus expresidentes" que establezca un régimen aplicable "a aquellas personas que en su día ejercieron la representación del Estado en la Comunidad Autónoma y que tienen mucho que aportar una vez que han dejado de ser Presidentes".
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