El Gobierno se ha gastado casi dos millones de euros en el desarrollo de una serie de apps para combatir la pandemia. El impacto de estas aplicaciones ha sido nulo, y, por si fuera poco, la adjudicación de una de las concesiones arroja dudas sobre la limpieza del proceso. Un proceso en el que está implicada la Fundación SEPI, en el ojo del huracán por el escándalo de Plus Ultra
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