La Fiscalía de Bolivia anunció que recibió 33 demandas de proceso penal contra dirigentes sindicales y otros, por la reciente huelga que incluyó cierre de carreteras para exigir seriedad en el proceso electoral. Organismos de Derechos Humanos advierten sobre un recrudecimiento de la persecución política contra sindicatos y movimientos sociales. teleSUR
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