El Ayuntamiento de Vic da marcha atrás y empadronará a los inmigrantes ilegales del municipio barcelonés, después de que ayer la Abogacía del Estado hiciese público un informe jurídico en el que señalaba que no resulta procedente negar el empadronamiento a todos los inmigrantes que presenten su pasaporte, aunque carezcan de visado y de residencia legal.El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), en una rueda de prensa a la que ha acudido flanqueado por un grupo de inmigrantes, ha asegurado que el consistorio "acata aunque no comparte" la decisión de la Abogacía del Estado.Tras esa decisión, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha felicitado al alcalde de Vic por dar "un paso atrás" en su propuesta y adoptar una posición de respeto escrupuloso a la Ley.Horas antes de la decisión del Consistorio de Vic, durante la inauguración oficial del Año europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, volvía ha recordar que para luchar en favor de la inclusión social es obligado que los países "democráticos y avanzados faciliten la sanidad y la educación a todas las personas que vivan en su país, más allá de su condición legal".Pero aunque la cuestión de Vic se haya resuelto, la oposición al Gobierno considera que el problema de fondo, las dificultades de financiación de los ayuntamientos ante la saturación de los servicios sociales, sigue estando ahí.En su intervención en la Diputación Permanente del Congreso, el portavoz del Grupo Popular en materia de Inmigración, Rafael Hernando, ha asegurado que el problema no es el padrón sino "un sistema que favorece la ilegalidad".En respuesta, la portavoz socialista en la materia, Esperança Esteve, ha acusado al PP de "manipular la realidad", y les ha instado a que sean ellos quienes les digan a los españoles que "no vamos a querer a ningún extranjero" y que, por tanto, "no vamos a poder mantener nuestro sistema de bienestar social".
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