El juez Llarena calcula en 1,9 millones de euros lo malversado en el procès
- hace 6 años
Madrid, 19 abr (EFE).- El magistrado del Supremo Pablo Llarena, que instruye el caso abierto por el procès en el alto tribunal, calcula que la posible malversación de caudales públicos cometida en el camino hacia la Declaración Unilateral de Independencia en Cataluña asciende a la cantidad de 1.915.067, 22 euros.
La estimación procede de un informe de la Guardia Civil, sobre el cual Llarena decretó el secreto pero que al que ahora ha dado acceso a las partes, que han divulgado el contenido del informe.
Llarena ordenó a la Guardia Civil, y concretamente al Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica, "la aportación de los documentos y demás elementos objetivos que prestan soporte" a su informe sobre "gastos públicos orientados a la celebración del referéndum unilateral de independencia". La malversación es precisamente el uso desleal de fondos públicos.
El magistrado firmó aquella orden, que fue acompañada de la declaración de secreto citada, el pasado 20 de marzo. Un mes después ha levantado el secreto.
La decisión coincide en el tiempo con el escrito que, ayer mismo, dirigió el juez Llarena al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pidiéndole que explique "a la mayor brevedad posible" por qué considera que no se utilizó dinero público para el referéndum independentista del día 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
En una providencia el magistrado explicaba esta iniciativa en que varios procesados han declarado ante él que Montoro expresó "su certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017".
Ello contradice las fuentes de prueba del sumario, dice el juez, que ha procesado a varios de los implicados por el delito de malversación, consistente precisamente en la utilización de dinero público en fines ilegítimos, por ejemplo el citado referéndum.
TOTAL DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA.
La estimación procede de un informe de la Guardia Civil, sobre el cual Llarena decretó el secreto pero que al que ahora ha dado acceso a las partes, que han divulgado el contenido del informe.
Llarena ordenó a la Guardia Civil, y concretamente al Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica, "la aportación de los documentos y demás elementos objetivos que prestan soporte" a su informe sobre "gastos públicos orientados a la celebración del referéndum unilateral de independencia". La malversación es precisamente el uso desleal de fondos públicos.
El magistrado firmó aquella orden, que fue acompañada de la declaración de secreto citada, el pasado 20 de marzo. Un mes después ha levantado el secreto.
La decisión coincide en el tiempo con el escrito que, ayer mismo, dirigió el juez Llarena al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pidiéndole que explique "a la mayor brevedad posible" por qué considera que no se utilizó dinero público para el referéndum independentista del día 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
En una providencia el magistrado explicaba esta iniciativa en que varios procesados han declarado ante él que Montoro expresó "su certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017".
Ello contradice las fuentes de prueba del sumario, dice el juez, que ha procesado a varios de los implicados por el delito de malversación, consistente precisamente en la utilización de dinero público en fines ilegítimos, por ejemplo el citado referéndum.
TOTAL DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA.