El Ayuntamiento de Barcelona cerrará esta semana el expediente sancionador de 600.000 euros a Airbnb y le impondrá otra multa de la misma cantidad si sigue publicitando pisos turísticos ilegales. Esta multa es la máxima que permite la ley y por eso el Gobierno de Ada Colau le va a plantear a la Generalitat que permita multas más elevadas.
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