Cámara al Hombro - Nuevo puerto en el Canal de Panamá divide a ciudadanos y autoridades
- hace 7 años
Panamá le dijo sí a la ampliación del Canal en una consulta pública nacional en el 2006.
A menos de dos años luego de culminado el tercer juego de esclusas, cuya inversión supuso más de 5 mil millones de dólares, la opinión pública está divida en torno al megaproyecto que la administración de la vía interoceánica promociona desde el 2014, como vital para el futuro del patrimonio del pueblo panameño.
La iniciativa portuaria, contra cuya planificación y construcción constan 25 recursos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), incluye nueve proyectos vinculados a la industria marítima y logística.
Los cuatro ejes principales iniciales serían un puerto de contenedores de unas 120 hectáreas, en el lado oeste de la entrada del Pacífico del Canal; un puerto para buques porta vehículos; un parque logístico de 200 hectáreas; y una terminal de gas natural licuado en Farfán, en el lado opuesto.
En el 2015, la Asamblea Nacional de diputados rechazó el anteproyecto de ley presentado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para otorgar exoneraciones fiscales absolutas al futuro concesionario del puerto de Corozal Oeste.
No obstante, los planes de licitación avanzaron con cuatro empresas precalificadas: Terminal Link, de Holanda; APM Terminals, de Dinamarca; Terminal Investment Limited, de Francia; y PSA International, de Singapur. El 3 de marzo del 2016 fueron convocadas para la presentación de sus propuestas, sin embargo, la licitación debió ser declarada desierta.
Las comunidades que serán directamente afectadas, representadas por el Colegio Nacional de Abogados y la Asociación de Derecho Ambiental, interpusieron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del proyecto del puerto de Corozal Oeste.
En tanto que, a pesar de las luchas legales, los cuestionamientos por los posibles daños irreversibles a la cuenca hidrográfica de la vía y la licitación desierta, la ACP confirmó que no desistirá de sus intenciones.
Aún se desconoce el valor real del desarrollo total del proyecto y sus planes conexos, no obstante, la ACP asegura que en 20 años, el puerto representará unos 500 millones de dólares en aportes directos al Tesoro Nacional y 80 millones anuales en beneficios indirectos. Además estiman que la inversión extranjera necesaria para desarrollarlo será de unos 1350 millones de dólares.
Sara Morales Gallego, Ciudad de Panamá.
A menos de dos años luego de culminado el tercer juego de esclusas, cuya inversión supuso más de 5 mil millones de dólares, la opinión pública está divida en torno al megaproyecto que la administración de la vía interoceánica promociona desde el 2014, como vital para el futuro del patrimonio del pueblo panameño.
La iniciativa portuaria, contra cuya planificación y construcción constan 25 recursos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), incluye nueve proyectos vinculados a la industria marítima y logística.
Los cuatro ejes principales iniciales serían un puerto de contenedores de unas 120 hectáreas, en el lado oeste de la entrada del Pacífico del Canal; un puerto para buques porta vehículos; un parque logístico de 200 hectáreas; y una terminal de gas natural licuado en Farfán, en el lado opuesto.
En el 2015, la Asamblea Nacional de diputados rechazó el anteproyecto de ley presentado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para otorgar exoneraciones fiscales absolutas al futuro concesionario del puerto de Corozal Oeste.
No obstante, los planes de licitación avanzaron con cuatro empresas precalificadas: Terminal Link, de Holanda; APM Terminals, de Dinamarca; Terminal Investment Limited, de Francia; y PSA International, de Singapur. El 3 de marzo del 2016 fueron convocadas para la presentación de sus propuestas, sin embargo, la licitación debió ser declarada desierta.
Las comunidades que serán directamente afectadas, representadas por el Colegio Nacional de Abogados y la Asociación de Derecho Ambiental, interpusieron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del proyecto del puerto de Corozal Oeste.
En tanto que, a pesar de las luchas legales, los cuestionamientos por los posibles daños irreversibles a la cuenca hidrográfica de la vía y la licitación desierta, la ACP confirmó que no desistirá de sus intenciones.
Aún se desconoce el valor real del desarrollo total del proyecto y sus planes conexos, no obstante, la ACP asegura que en 20 años, el puerto representará unos 500 millones de dólares en aportes directos al Tesoro Nacional y 80 millones anuales en beneficios indirectos. Además estiman que la inversión extranjera necesaria para desarrollarlo será de unos 1350 millones de dólares.
Sara Morales Gallego, Ciudad de Panamá.