¿Qué opinas? - La pena de muerte en Guatemala
- hace 8 años
Recientemente se conoció una iniciativa que pretende que se restituya la pena de muerte en Guatemala, el movimiento ‘Hoy por Guatemala’ junto a la hija del ex dictador José Efraín Ríos Mont acudieron al Congreso de la República.
Acudieron al Congreso a buscar el apoyo de diferentes bancadas para lograr el objetivo de aplicar la pena de muerte a quien cometa secuestro y extorsión, la bancada oficial respaldó la petición y el presidente se unió a esta.
"Guatemala está en un momento difícil y no vamos a dejar que nos sigan poniendo de rodillas cualquier persona que trabaje al margen de la ley".
"¿Qué dice el artículo 183 de la Constitución? Que el presidente debe cumplir la ley y velar porque se cumpla. El -artículo- 18 habla de esa pena, si el Congreso la establece ¿Qué tiene que hacer el Ejecutivo? Velar por que se cumpla", expresó el gobernante.
La última vez que se ejecutó a una persona fue hace 16 años por medio de la inyección letal, dos años antes fueron fusiladas dos personas más, actos que van en contra del derecho a la vida aseguran expertos en temas de derechos humanos, mientras la población civil expresa su aceptación por que se castigue con la pena de muerte a los delincuentes que comentan ciertos delitos.
En Guatemala se cometen alrededor de 16 asesinatos diarios y según quien impulsa la iniciativa imponer la pena de muerte y ejecutarla funcionaría como disuasivo para que los delincuentes se abstengan de delinquir, un juicio fuera de realidad porque no pasó cuando se encontraba vigente subrayan analistas.
En el 2000 el expresidente Alfonso Portillo, que llevaba en el poder poco más de 6 meses, renunció a su potestad de conceder el indulto a los condenados a muerte y fue hasta el 12 de febrero de 2008 cuando el Congreso votó por la aprobación de una nueva ley que volvió a facultar al presidente en curso para decidir sobre los indultos.
Amnistía Internacional emitió un comunicado que instaba al presidente Álvaro Colom (2008-2012) a dar marcha atrás. El gobernante decidió vetarla, al considerar que esta forma de castigo entraba en contradicción con el derecho a la vida del reo, la retroactividad de la ley y los compromisos internacionales firmados por Guatemala como miembro de la Convención Americana de Derechos Humanos, posición que ha mantenido hasta hoy.
Acudieron al Congreso a buscar el apoyo de diferentes bancadas para lograr el objetivo de aplicar la pena de muerte a quien cometa secuestro y extorsión, la bancada oficial respaldó la petición y el presidente se unió a esta.
"Guatemala está en un momento difícil y no vamos a dejar que nos sigan poniendo de rodillas cualquier persona que trabaje al margen de la ley".
"¿Qué dice el artículo 183 de la Constitución? Que el presidente debe cumplir la ley y velar porque se cumpla. El -artículo- 18 habla de esa pena, si el Congreso la establece ¿Qué tiene que hacer el Ejecutivo? Velar por que se cumpla", expresó el gobernante.
La última vez que se ejecutó a una persona fue hace 16 años por medio de la inyección letal, dos años antes fueron fusiladas dos personas más, actos que van en contra del derecho a la vida aseguran expertos en temas de derechos humanos, mientras la población civil expresa su aceptación por que se castigue con la pena de muerte a los delincuentes que comentan ciertos delitos.
En Guatemala se cometen alrededor de 16 asesinatos diarios y según quien impulsa la iniciativa imponer la pena de muerte y ejecutarla funcionaría como disuasivo para que los delincuentes se abstengan de delinquir, un juicio fuera de realidad porque no pasó cuando se encontraba vigente subrayan analistas.
En el 2000 el expresidente Alfonso Portillo, que llevaba en el poder poco más de 6 meses, renunció a su potestad de conceder el indulto a los condenados a muerte y fue hasta el 12 de febrero de 2008 cuando el Congreso votó por la aprobación de una nueva ley que volvió a facultar al presidente en curso para decidir sobre los indultos.
Amnistía Internacional emitió un comunicado que instaba al presidente Álvaro Colom (2008-2012) a dar marcha atrás. El gobernante decidió vetarla, al considerar que esta forma de castigo entraba en contradicción con el derecho a la vida del reo, la retroactividad de la ley y los compromisos internacionales firmados por Guatemala como miembro de la Convención Americana de Derechos Humanos, posición que ha mantenido hasta hoy.