La Justicia francesa condena a la empresa que certificaba la calidad de las prótesis PIP
El escándalo de los implantes mamarios defectuosos se cobra una nueva víctima.
Esta vez le ha tocado a la empresa responsable de certificar la calidad de las prótesis PIP.
Según el Tribunal de Comercio de Tolón, Tüv Rheinland no cumplió sus obligaciones de control y deberá indemnizar a las 1.600 mujeres que, tras destaparse el escándalo sanitario, decidieron constituirse en acusación.
“Esta empresa estuvo certificando prótesis durante quince años, certificando que estas no representaban ningún riesgo para la salud de las pacientes sin ni siquiera haber tocado una sola de ellas. Sin hacer ninguna prueba en profundidad, ni un control aleatorio. Llegaron a subcontratar a otra empresa para hacer un trabajo para el que no estaban autorizados”, denunciaba el abogado de las víctimas.
Además de a las mujeres, la empresa alemana deberá indemnizar a seis distribuidores de varios países que demandaron a la compañía por limitar sus inspecciones a un control de los documentos que traían las mismas prótesis.
“Va en contra de los elementos de la investigación, del requerimiento del fiscal de Tolón, de lo que ha dicho el ministerio fiscal de Marsella que después de dos años de investigación considera que Tüv Rheinland fue víctima de una estafa por parte de PIP. Creo que hoy están buscando a alguien solvente y eso me disgusta mucho”, decía la abogada de la empresa condenada, Cécile Derycke.
El escándalo salió a la luz en 2010. Fue entonces cuando se descubrió que unas 80.000 mujeres en todo el mundo tenían implantadas unas prótesis mamarias que contenían un gel peligroso para su salud. Las autoridades sanitarias recomendaron a las afectadas que las retirasen por el alto riesgo de ruptura.
La Fiscalía pidió la pasada primavera 4 años de cárcel para el fundador y presidente de la empresa francesa PIP.
Esta vez le ha tocado a la empresa responsable de certificar la calidad de las prótesis PIP.
Según el Tribunal de Comercio de Tolón, Tüv Rheinland no cumplió sus obligaciones de control y deberá indemnizar a las 1.600 mujeres que, tras destaparse el escándalo sanitario, decidieron constituirse en acusación.
“Esta empresa estuvo certificando prótesis durante quince años, certificando que estas no representaban ningún riesgo para la salud de las pacientes sin ni siquiera haber tocado una sola de ellas. Sin hacer ninguna prueba en profundidad, ni un control aleatorio. Llegaron a subcontratar a otra empresa para hacer un trabajo para el que no estaban autorizados”, denunciaba el abogado de las víctimas.
Además de a las mujeres, la empresa alemana deberá indemnizar a seis distribuidores de varios países que demandaron a la compañía por limitar sus inspecciones a un control de los documentos que traían las mismas prótesis.
“Va en contra de los elementos de la investigación, del requerimiento del fiscal de Tolón, de lo que ha dicho el ministerio fiscal de Marsella que después de dos años de investigación considera que Tüv Rheinland fue víctima de una estafa por parte de PIP. Creo que hoy están buscando a alguien solvente y eso me disgusta mucho”, decía la abogada de la empresa condenada, Cécile Derycke.
El escándalo salió a la luz en 2010. Fue entonces cuando se descubrió que unas 80.000 mujeres en todo el mundo tenían implantadas unas prótesis mamarias que contenían un gel peligroso para su salud. Las autoridades sanitarias recomendaron a las afectadas que las retirasen por el alto riesgo de ruptura.
La Fiscalía pidió la pasada primavera 4 años de cárcel para el fundador y presidente de la empresa francesa PIP.
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